Que podemos denomine a su programa político para la conformación de gobierno, más bien de su gobierno, como "Bases para un gobierno estable y con garantías", cuando está creado además conjuntamente por las fuerzas nacionalistas catalanas y gallegas, las cuales exigen entre otros, la modificación del artículo 2 de la Constitución para reconocer la realidad plurinacional o la convocatoria imprescindible de un referéndum en Cataluña según el punto 5.3 del documento, lo cual crea situaciones de todo tipo excepto estables y de garantías, es un ejercicio eufemístico al alcance de muy pocos.
Estamos de acuerdo que la pluralidad política resultante de las últimas elecciones muestra una realidad desconocida, donde los acuerdos entre los diferentes partidos políticos son necesarios para la formación de gobierno. Pero mencionar en el programa que la única coalición posible es la formada por el tripartito formado por PSOE-PODEMOS-IU como garantía de estabilidad sin tener en cuenta al resto de formaciones, es una conducta de menosprecio hacia el resto de parlamentarios que conforman el congreso sobre su capacidad para afrontar la situación actual. Si tienen la oportunidad de leer el documento, la palabra democracia aparece en 26 ocasiones y participación ciudadana en 38, apoyando la idea de que los ciudadanos estén involucrados en las decisiones más importantes sobre el Estado, algo de lo que seguro estamos de acuerdo, pero en ningún momento el documento elaborado para perfeccionar nuestra democracia habla de la posibilidad de preguntar al pueblo si aprueba o no los acuerdos de coalición que se establezcan para formar gobierno, curioso, ellos mismos se auto legitiman para ello. Que en la página 14 se hable abiertamente del reparto de funciones en el gobierno, Pedro Sánchez como Presidente y Pablo Iglesias Vicepresidente, da una idea del contenido del programa.
La creación del Ministerio de Plurinacionalidad, Administraciones Públicas y Municipalismo cuya función primordial es la de abordar la cuestión territorial sobre las causas del bloqueo político existente en Cataluña, habla a las claras de la influencia que ha tenido la formación de "En Comun Podem" en el programa, cuestión que no está entre los tres problemas principales para los ciudadanos que son el paro, la corrupción y la economía y que tampoco afecta a la mayoría de la ciudadanía, lo cual esconde aquí también el tal manido mensaje de que harán lo que decida la mayoría.
Otra cuestión importante es la referida a la elección de altos cargos dentro del Estado, aquí vuelven a hablar de democratización, y de establecer por consenso, no dice por consenso de quién, también curioso, la elección de cargos tan importantes como el Director General de Policía, el Director del Centro Nacional de Inteligencia o el representante permanente ante la OTAN, aquí la capacitación o los méritos no aparecen. Se plantean imposibles como que el gobierno del cambio proponga reformas para eliminar el derecho de veto de los países impulsores de la ONU, Francia, China, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia o consultar a la ciudadanía la participación de las fuerzas armadas en operaciones internacionales.
En la página 22 se vuelve a insistir en la necesidad imperiosa de convocar un referéndum en Cataluña y su expresión territorial a nivel constitucional, comparándolo con los casos de Escocia en el Reino Unido, y Quebec en Canadá. Por supuesto aquí el señor Pablo Iglesias vuelve a pecar de ignorancia, la misma que dejó entrever en el debate a cuatro del 7-D confundiendo la manifestación a favor de la autonomía andaluza con un proceso de autodeterminación. El Reino Unido es un estado Unitario formado por cuatro naciones entre las que está Escocia y con administraciones descentralizadas, una de ellas en Edimburgo, por lo tanto su situación nada tiene que ver con el problema Catalán.
La cuestión económica
Si partimos de la base que reconocen que España es un país que tiene dependencia de factores externos que influyen en el crecimiento económico y de los cuales el gobierno no tiene capacidad de decisión como son los precios del petróleo, devaluación del euro o evolución de las condiciones
crediticias determinadas por el Banco Central Europeo, BCE, que dichos factores han resultado fundamentales para dar un respiro a las maltrechas arcas del Estado y que se puede volver en contra si se dan la vuelta, no pensaríamos que la intención del futuro gobierno sería disminuir su dependencia, (textualmente que "no dependa tanto"), en lugar de eliminarla por completo, lo cual nos hace pensar que el resto del programa económico es un brindis al sol y que, por lo tanto, carece de interés su análisis. Pero como estos factores externos están para quedarse por mucho tiempo en la realidad del país, es imprescindible un programa que ayude a convivir con ellos, por eso pasamos analizarlo.
El principal problema del programa económico es utilizar la variable económica PIB como elemento comparativo con el resto de países europeos. Es un error, porque como demostró Juan Carlos Barba en su artículo en el Confidencial, el PIB español es en realidad un 20% inferior al dato oficial, por lo tanto las afirmaciones sobre que el Gasto/PIB o ingresos/PIB es inferior al resto de países provoca un fallo en el equilibrio económico propuesto. A través de ésta comparación, y siempre según sus datos, el Estado recauda 8 puntos menos de PIB que la media de la zona euro, es decir 80.000 millones, ingresos que se obtendrían de la lucha contra el fraude fiscal, reforma fiscal progresiva (eufemismo de subida de impuestos) y reducción de la precariedad laboral.
Centrándonos en el primero de los factores, es bien conocida la relación entre Podemos y Gestha, el sindicato de técnicos de hacienda, el cual lleva afirmando en sus diversos informes que la economía sumergida en España asciende al 25 % del PIB y que en su lucha existe una gran fuente de financiación. La realidad es la siguiente, según el mayor experto de economía sumergida del mundo Friedrich Schneider, el porcentaje de economía sumergida en España es del 18,6 % convergente con la media europea 18,5 %, el cual además en su último informe hace una clara alusión a la situación de España y Grecia, mencionando que la economía sumergida de estos países se está reduciendo no como consecuencia de la lucha contra el fraude, sino debido a que la situación de la población está empeorando de tal manera que ya no tienen incentivos siquiera para acudir a la economía sumergida.
Para que vean la dimensión del error de bases, en el siguiente cuadro se muestra el balance económico que proponen para revertir la situación económico-social. Hay que tener en cuenta que es un cuadro económico de dotaciones adicionales, es decir, que los gastos e ingresos actuales del Estado se le añadirían el importe de cada una de las partidas. Siguiendo con el primero de los factores que establecen para financiar el incremento de gasto, el de la lucha contra el fraude, asumen un incremento de ingresos por este concepto a los ya actuales de 12.000 millones. Recientemente Hacienda ha hecho público el dato de ingresos por este concepto, 15.600 millones, el cual significa un dato histórico, pero que de los cuales 6.759 millones corresponden a deudas tributarias, que en sí mismo no es fraude fiscal ni economía sumergida, es decir, 8.841 millones en total por la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Por lo que según ellos pretenden aumentar los ingresos por este concepto nada menos que un 135 %, imposible si no es presionando más a las clases medias y bajas.
Otro error de bulto es confundir préstamos con ingresos. Según fija la página 27 del documento se establecería un nuevo calendario de reducción del déficit, por cierto sin la autorización de Bruselas, a través de la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pagina 29, y que por esta partida se obtendrían unos ingresos de 26.000 millones. Tener más déficit significa pedir más dinero prestado para su financiación, por lo tanto esos 26.000 millones no son ingresos sino mayores créditos al Estado que posteriormente hay que devolver y con intereses.
Otro de los factores sobre los que recae el aumento de ingresos públicos es la reforma fiscal progresiva, más bien aumento de impuestos, y que sitúa en 40.000 millones. Respecto al IRPF la previsión de incremento es de 10.000 millones pero recayendo según ellos todo el peso de la factura fiscal adicional sobre las rentas superiores a 60.000 euros, lo cual veremos que no es verdad ya que los trabajadores con renta superiores son la minoría. Por ello pretenden la eliminación de la estimación objetiva de las distintas actividades económicas que lo disfrutan, que son los pequeños comercios, cuyos titulares en su mayoría no tienen unos ingresos netos superiores a 60.000 euros, aumento del impuesto de sociedades hasta alcanzar un tipo fijo del 30% para todas las empresas, no entendiendo que eso dificulta la posibilidad de reinversiones, recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones sin especificar para que rentas por lo que entendemos que es para todos los contribuyentes independientemente de su situación personal, aumento del tipo de IVA del 21 % al 25 %, igualar los tipos impositivos de la gasolina y el gasóleo, medidas que afecta a todos los contribuyentes independientemente de sus ingresos, entre otros. Una cuestión importante es que los ejercicios de previsión de ingresos como es el caso, es un ejercicio de estática comparativa, es decir, se piensa que aquellas rentas muy superiores a las de 300.000 euros permanecerían impasibles ante un cambio normativo perjudicial, cuando precisamente son aquellos que tienen posibilidad de moverse hacia países con una normativa fiscal más favorable, situación no prevista en el documento.
Para seguir equilibrando el cuadro económico calculan un crecimiento económico de 29.700 millones de euros. Como previsión en un escenario de reducción del comercio mundial donde las grandes economías mundiales se encuentran en periodos de recesión vuelve a ser un ejercicio muy idealista.
Del lado de los gastos comentaremos que las dotaciones individuales no cuadran con el total, hay 28.000 millones de gastos que no identifican, aquí parece que el corta-pega se ha quedado sólo en cortar. Las pensiones y su incremento para mejorarlas se financiarían a través de más impuestos, pero no hacen mención a la situación que se produciría cuando el fondo de pensiones se agote allá por el año 2019, debido a que las dotaciones de 10.000 millones-15.000 millones que utiliza el Estado por año hasta ahora para financiarlas no cuentan como déficit y que a partir de ese momento si afectaría al Pacto de Estabilidad. En lo que se refiere a la Sanidad se introduciría nuevamente la sanidad universal para que pueda cubrir a cualquier persona residente en el país, iniciativa solidaria pero de difícil financiación, ya que abriría las puertas a la entrada masiva de personas procedentes de otros países para su uso.
En el marco laboral una de las medidas sería reformar el Estatuto de los Trabajadores para incluir entre otros puntos que los trabajadores participen en la gestión de la empresa, página 36 del documento, se imaginan, un pequeño empresario pone el dinero, arriesga su patrimonio y son los trabajadores los que deciden como gestionar la empresa, ¿quién creará en esas condiciones empresas? nadie. Otra medida, imaginen que le dan la posibilidad de reducir su jornada laboral y que la pérdida de salario es compensada por el Estado, ¿qué harían? La mayoría seguro que preferiría trabajar menos por la misma o prácticamente la misma cantidad de dinero. Eso supondría menos recaudación de impuestos y aumento del gasto público, tampoco se calcula el coste de esta medida, apartado g) de la página 37. Durante todo el documento se habla de un cambio de modelo productivo, por supuesto no se habla ni de costes ni de años para llevarlo a cabo, pero en cambio mencionan el aumento del salario mínimo a 950 euros. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas de este país son pequeñas y medianas empresas, éstas no podrían asumir un incremento de los costes laborales derivados de esta medida, por cuanto su actividad de bajo-medio valor añadido no se lo permite, conduciéndolas a su cierre. Como colofón se introduce el alta gratuita para autónomos que ganen menos del salario mínimo interprofesional y la posibilidad de desarrollar un régimen de cotizaciones a tiempo parcial, no dicen como controlarían estas situaciones, pero su incidencia podría resultar negativa para la recaudación de cotizaciones sociales.
Presupuestan la transición energética y la inversión en I+D+I en 3.000 millones, el 0,3 % del PIB, 10 veces menos que Alemania, Finlandia o Austria por ejemplo, imposible llegar a la convergencia en desarrollo con los países más desarrollados con esas cifras.
El resto de gastos hasta los 96.000 millones no aparecen reflejados.
Las conclusiones que se deducen del programa de Bases para un gobierno estable de Podemos, es la ruptura del país favoreciendo a los independentistas catalanes y posteriormente a aquellas regiones que busquen un mismo estatus, Galicia, Valencia, etc., romper con Europa y con los organismos internacionales, aumento muy significativo del gasto público que nos llevaría a una situación parecida a la de Syriza en Grecia con los consiguientes aumentos de impuestos afectando a todas las clases sociales.
Para que vean la dimensión del error de bases, en el siguiente cuadro se muestra el balance económico que proponen para revertir la situación económico-social. Hay que tener en cuenta que es un cuadro económico de dotaciones adicionales, es decir, que los gastos e ingresos actuales del Estado se le añadirían el importe de cada una de las partidas. Siguiendo con el primero de los factores que establecen para financiar el incremento de gasto, el de la lucha contra el fraude, asumen un incremento de ingresos por este concepto a los ya actuales de 12.000 millones. Recientemente Hacienda ha hecho público el dato de ingresos por este concepto, 15.600 millones, el cual significa un dato histórico, pero que de los cuales 6.759 millones corresponden a deudas tributarias, que en sí mismo no es fraude fiscal ni economía sumergida, es decir, 8.841 millones en total por la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Por lo que según ellos pretenden aumentar los ingresos por este concepto nada menos que un 135 %, imposible si no es presionando más a las clases medias y bajas.Otro error de bulto es confundir préstamos con ingresos. Según fija la página 27 del documento se establecería un nuevo calendario de reducción del déficit, por cierto sin la autorización de Bruselas, a través de la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pagina 29, y que por esta partida se obtendrían unos ingresos de 26.000 millones. Tener más déficit significa pedir más dinero prestado para su financiación, por lo tanto esos 26.000 millones no son ingresos sino mayores créditos al Estado que posteriormente hay que devolver y con intereses.
Otro de los factores sobre los que recae el aumento de ingresos públicos es la reforma fiscal progresiva, más bien aumento de impuestos, y que sitúa en 40.000 millones. Respecto al IRPF la previsión de incremento es de 10.000 millones pero recayendo según ellos todo el peso de la factura fiscal adicional sobre las rentas superiores a 60.000 euros, lo cual veremos que no es verdad ya que los trabajadores con renta superiores son la minoría. Por ello pretenden la eliminación de la estimación objetiva de las distintas actividades económicas que lo disfrutan, que son los pequeños comercios, cuyos titulares en su mayoría no tienen unos ingresos netos superiores a 60.000 euros, aumento del impuesto de sociedades hasta alcanzar un tipo fijo del 30% para todas las empresas, no entendiendo que eso dificulta la posibilidad de reinversiones, recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones sin especificar para que rentas por lo que entendemos que es para todos los contribuyentes independientemente de su situación personal, aumento del tipo de IVA del 21 % al 25 %, igualar los tipos impositivos de la gasolina y el gasóleo, medidas que afecta a todos los contribuyentes independientemente de sus ingresos, entre otros. Una cuestión importante es que los ejercicios de previsión de ingresos como es el caso, es un ejercicio de estática comparativa, es decir, se piensa que aquellas rentas muy superiores a las de 300.000 euros permanecerían impasibles ante un cambio normativo perjudicial, cuando precisamente son aquellos que tienen posibilidad de moverse hacia países con una normativa fiscal más favorable, situación no prevista en el documento.
Para seguir equilibrando el cuadro económico calculan un crecimiento económico de 29.700 millones de euros. Como previsión en un escenario de reducción del comercio mundial donde las grandes economías mundiales se encuentran en periodos de recesión vuelve a ser un ejercicio muy idealista.
Del lado de los gastos comentaremos que las dotaciones individuales no cuadran con el total, hay 28.000 millones de gastos que no identifican, aquí parece que el corta-pega se ha quedado sólo en cortar. Las pensiones y su incremento para mejorarlas se financiarían a través de más impuestos, pero no hacen mención a la situación que se produciría cuando el fondo de pensiones se agote allá por el año 2019, debido a que las dotaciones de 10.000 millones-15.000 millones que utiliza el Estado por año hasta ahora para financiarlas no cuentan como déficit y que a partir de ese momento si afectaría al Pacto de Estabilidad. En lo que se refiere a la Sanidad se introduciría nuevamente la sanidad universal para que pueda cubrir a cualquier persona residente en el país, iniciativa solidaria pero de difícil financiación, ya que abriría las puertas a la entrada masiva de personas procedentes de otros países para su uso.
En el marco laboral una de las medidas sería reformar el Estatuto de los Trabajadores para incluir entre otros puntos que los trabajadores participen en la gestión de la empresa, página 36 del documento, se imaginan, un pequeño empresario pone el dinero, arriesga su patrimonio y son los trabajadores los que deciden como gestionar la empresa, ¿quién creará en esas condiciones empresas? nadie. Otra medida, imaginen que le dan la posibilidad de reducir su jornada laboral y que la pérdida de salario es compensada por el Estado, ¿qué harían? La mayoría seguro que preferiría trabajar menos por la misma o prácticamente la misma cantidad de dinero. Eso supondría menos recaudación de impuestos y aumento del gasto público, tampoco se calcula el coste de esta medida, apartado g) de la página 37. Durante todo el documento se habla de un cambio de modelo productivo, por supuesto no se habla ni de costes ni de años para llevarlo a cabo, pero en cambio mencionan el aumento del salario mínimo a 950 euros. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas de este país son pequeñas y medianas empresas, éstas no podrían asumir un incremento de los costes laborales derivados de esta medida, por cuanto su actividad de bajo-medio valor añadido no se lo permite, conduciéndolas a su cierre. Como colofón se introduce el alta gratuita para autónomos que ganen menos del salario mínimo interprofesional y la posibilidad de desarrollar un régimen de cotizaciones a tiempo parcial, no dicen como controlarían estas situaciones, pero su incidencia podría resultar negativa para la recaudación de cotizaciones sociales.
Presupuestan la transición energética y la inversión en I+D+I en 3.000 millones, el 0,3 % del PIB, 10 veces menos que Alemania, Finlandia o Austria por ejemplo, imposible llegar a la convergencia en desarrollo con los países más desarrollados con esas cifras.
El resto de gastos hasta los 96.000 millones no aparecen reflejados.
Las conclusiones que se deducen del programa de Bases para un gobierno estable de Podemos, es la ruptura del país favoreciendo a los independentistas catalanes y posteriormente a aquellas regiones que busquen un mismo estatus, Galicia, Valencia, etc., romper con Europa y con los organismos internacionales, aumento muy significativo del gasto público que nos llevaría a una situación parecida a la de Syriza en Grecia con los consiguientes aumentos de impuestos afectando a todas las clases sociales.